El 4 de agosto, la Corte emitió la orden de detención en contra del entonces senador Uribe Vélez.
Desde ese momento, él renunció a su curul en el Congreso, el caso pasó a la Fiscalía por competencia, la defensa pidió su libertad ante el nuevo investigador del caso (que la negó) y luego la volvió a pedir ante un juzgado de Bogotá, que se la concedió y ordenó, además, que se le devolvieran los 98 millones de pesos que había pagado de caución.
En una audiencia de menos de dos horas, la jueza 30 de control de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, explicó las razones por las que avaló la petición de libertad hecha por la defensa de Uribe Vélez, la cual fue respaldada en su momento por la Fiscalía y la Procuraduría. Las víctimas habían pedido en la audiencia realizada el jueves que el investigado siguiera privado de la libertad.
La decisión fue notificada ayer mismo a la dirección del Inpec para hacerla efectiva inmediatamente. Antes de sustentar su argumento, la funcionaria judicial criticó la actitud de la Fiscalía, que en la audiencia anterior hizo cuestionamientos a la indagatoria realizada a Uribe Vélez en la Sala de Instrucción de la Corte.
La Fiscalía señaló que esa indagatoria había generado faltas al debido proceso y afectado la defensa del investigado. A lo que la jueza señaló que eso fue un desatino del fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán, que desvió el debate sobre el tema que se debía resolver y era la petición de libertad del investigado.
“Esta funcionaria no va a cuestionar la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte, no va a revisar su legalidad ni su validez”, señaló la jueza al considerar que esas decisiones fueron adoptadas en el marco de sus funciones y apegadas a la ley.
La autoridad judicial, centró su decisión en que no es posible equiparar la figura de la indagatoria, propia del viejo sistema, con la imputación de cargos establecida en el nuevo sistema penal acusatorio.
E incluso señaló que intentar equiparar esas dos figuras sí afecta el debido proceso que se debe garantizar al investigado y al mismo proceso.
Indicó que su interpretación no es caprichosa y que hay precedentes de la misma Corte Suprema que señalan que “en ninguno de los preceptos del ordenamiento penal se equipara la indagatoria” con la imputación.
Insistió, que tampoco se le puede exigir a la Fiscalía que presente un escrito de acusación sobre un proceso que no ha decidido llevar a imputación de cargos y que apenas está conociendo.
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Así las cosas, señaló la jueza, la privación de la libertad de una persona en el nuevo sistema, por el que ahora se lleva la investigación contra Uribe Vélez, solo se puede dar después de la imputación de cargos. Y quien decide si priva de la libertad a alguien es un juez a petición de la Fiscalía.
Recordó que en este caso la misma Fiscalía pidió la libertad del investigado. Y añadió que en el nuevo sistema hay otras medidas no privativas de la libertad, contrario a lo que sucede en el viejo sistema.
“Por todo lo expuesto, la decisión que adopta esta funcionaria es acceder a la solicitud de la defensa, apoyada por la Fiscalía y la representación de la Procuraduría, y en ese orden se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez”, dijo la jueza del caso.
Unos minutos después de conocerse la decisión reaccionó el expresidente. “Gracias a Dios”, escribió en sus redes sociales.
Iván Cepeda apeló la decisión
El abogado Reynaldo Villalba, que representa al senador Iván Cepeda, apeló la decisión; lo mismo que el exfiscal general Eduardo Montealegre y el exvicefiscal general Jorge Fernando Perdomo.
El senador Cepeda señaló que respeta la decisión de la jueza, pero consideró “muy grave que el señor fiscal Gabriel Jaimes haya desarrollado un libreto político en esta actuación. Es evidente su parcialidad y consideramos que no hay ninguna garantía para los derechos de las víctimas en este proceso”.
Así las cosas, la decisión la tendrá que revisar en segunda instancia un juez penal del circuito y entre tanto la libertad del investigado queda en firme.
El exfiscal general Eduardo Montealegre, pidió que se compulsen copias contra el presidente Iván Duque, por una supuesta interferencia en el proceso contra Uribe. Montealegre dijo que tenía unos videos que quería presentar en la audiencia y que supuestamente demostraban esa interferencia.
La juez 30 no permitió que presentara los videos, al considerar que no tenían que ver con la decisión que se había adoptado su despacho. El exjefe del ente acusador indicó que como parte de su argumentación entregará esos videos a la segunda instancia.
Con información de El Tiempo
