Nueve generales serán denunciados ante los organismos nacionales e internacionales por estar presuntamente implicados en el caso de espionaje ilegal realizado por el Ejército a periodistas, políticos opositores y defensores de derechos humanos.
La información la dio a conocer el senador de izquierda Iván Cepeda, quien expresó que dicho «aparato criminal de inteligencia» buscaba «hacerle daño a los líderes de oposición, a periodistas, magistrados, defensores de derechos humanos y al proceso de paz».
«Vamos a denunciar a los nueve generales (…) y vamos a enviar esta información a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. También haremos una solicitud de auditoria a la Contraloría sobre el patrimonio de estos generales», dijo el senador Iván Cepeda.
«Según lo que aparece en investigaciones periodísticas, el aparato criminal de inteligencia tenía como destinatario principal políticos vinculados al uribismo (corriente oficialista de derecha liderada por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe), quienes comandaban y recibían información obtenida ilegalmente», aseguró Cepeda en el debate virtual de la Comisión Segunda del Senado, transmitido en streaming.
Entre los denunciados está el inspector del Ejército, general Nicacio Martínez, que según Cepeda, conoció estos casos “y bajo su mando el aparato de contrainteligencia contra la corrupción interna se transformó en el aparato de inteligencia criminal”
A la conferencia también fue citado el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, entre otros miembros del Gobierno de Iván Duque.
Los otros son: los coroneles Juan Pablo Prado Torres, Julio Tobías López Cuadros, Helmon René Ramos Naranjo, Milton Eugenio Rozo Regado y Hugo Armando Díaz Hernández. Además de los mayores Eduardo de la Torres Díaz, Hernán Rolando Villamil Ortegón y Mauricio Quintero Arias.
Cepeda aseguró que dicho aparato vincula un entramado de corrupción del que hacían parte cerca de 300 oficiales y suboficiales del Ejército y al menos 16 generales con políticos, el Clan del Golfo (disidencia del paramilitarismo) y la Oficina de Envigado (narcotráfico, en Medellín).
Por su parte, el ministro para la Defensa, Holmes Trujillo manifestó que la situación atañe al país que debe ser informada del asunto, especialmente porque tiene que ver con la seguridad de Colombia.
“Este es un asunto de interés nacional porque tiene que ver con la seguridad de Colombia y tiene que ver con la institucionalidad que es la base de la estabilidad”, dijo.
Asimismo, aseveró que la política del presidente Duque es de “cero tolerancia” a quienes no cumplan la ley, pero no ofreció detalles sobre nuevas acciones.
Antecedente
El pasado 2 de mayo la revista local Semana expuso una trama de espionaje contra periodistas, corresponsales extranjeros, políticos y líderes sociales realizada por unidades del Ejército entre febrero y diciembre de 2019.
Durante ese tiempo los militares hicieron seguimiento y elaboraron carpetas de 130 personas con el apoyo logístico y económico de una agencia de inteligencia de Estados Unidos, cuyos recursos, destinados para la lucha contra el narcotráfico fueron desviados para hacer seguimiento incluso a periodistas estadounidenses.
Las carpetas contienen números de teléfono, direcciones de residencia y trabajo, correos electrónicos, amigos, familiares, hijos, colegas y hasta infracciones de tráfico, indicó Semana.
Fuente: Sputnik, EFE, EJE21,
