Tras un fallo de tutela, el Ministerio deberá responder a la solicitud de información de la representante a la Cámara Katherine Miranda sobre los perfilamientos que se gestaron en inteligencia.
Además, la congresista pidió una copia del denominado “Trabajo especial N°1″, con contratos y documentos.
El escándalo de un nuevo caso de espionaje al interior del Ejército para perfilar a periodistas y defensores de derechos humanos que se destapó desde finales del año pasado, sigue dando de qué hablar.
Un nuevo capítulo se abre con la solicitud de la representante a la Cámara Katherine Miranda al Ministerio de Defensa.
A través de dos derechos de petición que no tuvieron una respuesta clara.
La representante le pidió a esta cartera revelar toda la información contenida en las famosas carpetas secretas.
El pasado viernes 26 de junio, tras interponer una tutela, un juez le dio la razón a la congresista.
Con la tutela la representante buscaba que su solicitud de información fuera tomada en serio por el Ministerio de Defensa.
En el recurso, Miranda pidió tener acceso a la documentación denomina Trabajo especial N.1
Que permitiría conocer la lista completa de las personas que fueron perfiladas y la información completa recopilada de estas por el Ejército.
Además, dar “respuesta inmediata, oportuna y, sobre todo, de fondo a mis requerimientos”.
Miranda, indicó que el Ministerio de Defensa no apeló al fallo, por lo tanto, se esperaría que esta cartera se pronuncie entre hoy y mañana.
Acatando la orden del Juzgado 60 Administrativo de Bogotá, reseña el Espectador.
De acuerdo con la orden judicial del fallo de tutela, “se fija el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia»
«Para que la autoridad accionada brinde respuesta expresa, completa y motivada respecto de las preguntas que en precedencia se indicó»
«No fueron adecuadamente respondidas a la luz del núcleo esencial del derecho de petición, así como a suministrar copia completa del documento denominado ‘Trabajo especial No. 1’.”
Entre los requerimientos que hizo la congresista al Ministerio de Defensa estaba el de indicar:
“La fuente de financiamiento del programa de seguimiento informativo irregular hecho en 2019 y 2020”.
Asimismo, adjuntar la información correspondiente a los contratos firmados entre el 2019 y 2020 en los batallones de ciberinteligencia (BACIB).
Y el Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (CAIMI) del Ejército.
En otro orden, de las 12 preguntas que Miranda le hizo al Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo.
Según el fallo de tutela, ocho no tuvieron congruencia con la solicitud o fueron incompletas.
Luego de insistirle dos veces al Ministerio de Defensa, el 13 de mayo de 2020.
Esta cartera solicitó una prórroga para contestar el derecho de petición de Miranda sin que, de acuerdo con el fallo.
“Se expresaran los motivos de mora ni el plazo en que éstas serían contestadas”.
Solo hasta el 5 de junio, el Ministerio de Defensa dio respuesta parcial a los requerimientos hechos por la representante.
Sin dar ningún detalle del expediente Trabajo especial No. 1.
Por esta razón, el juez determinó que:
“El derecho fundamental de petición de la ciudadana LUVI KATHERINE MIRANDA PEÑA se encuentra actualmente vulnerado por la autoridad accionada, razón por la cual se impartirán órdenes tendientes a su protección”.
De acuerdo con la representante del partido Alianza Verde.
“El Ministerio de Defensa se equivoca negando la información, se le olvida que sus acciones y su gestión es pública”.
Fuente El Espectador
