Los grupos armados ilegales han impuesto un régimen del terror en al menos once regiones de Colombia aprovechando la crisis Covid-19.
Esto grupos cometen todo tipo de abusos contra la población civil, según un informe presentado este miércoles por la organización Human Rights Watch (HRW).
«La población, de acuerdo a los testimonios que hemos recogido tanto de Fiscalía, de Policía, de líderes sociales como de funcionarios de organizaciones humanitarias»
Así como, «testimonios directos de familiares de las víctimas y testigos, están viviendo una situación de terror», dijo en una rueda de prensa virtual el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
Detalla el informe, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Acorralan a las comunidades con ataques armados en los que asesinaron entre marzo y junio de este año a nueve personas.
Esos grupos, también ordenan cuarentenas y toques de queda más estrictos que los decretados por las mismas autoridades.
Mediante panfletos y restricciones a la circulación de personas, embarcaciones y vehículos.
«Están imponiendo reglas draconianas para controlar la epidemia. Aterrorizan a la población civil con medidas que incluyen amenazas y ataques con armas de fuego»
«Asaltan a las comunidades y ejecutan a sangre fía a aquellas personas que no cumplen con las normas que ellos imponen», agregó.
Reglas sin excepción
La organización encontró que en 11 de los 32 departamentos del país:
- Arauca.
- Bolívar.
- Caquetá.
- Cauca.
- Chocó.
- Córdoba.
- Guaviare.
- Huila.
- Nariño.
- Norte de Santander.
- Putumayo.
La ley que se impone es la de las balas y los grupos ilegales son implacables.
«Si hay una familia que necesita por cuestiones de emergencia ir a una clínica o asistir a algún familiar y (alguien) es sorprendido en violación del toque de queda»
«Impuesto por estos grupos las reglas de juego son que esa persona puede ser asesinada», indicó Vivanco.
«En estos cinco departamentos hemos detectado y corroborado que se han registrado asesinatos de personas en distintas comunidades»
«E incluso líderes que han sido asesinados a sangre fría ya sea por no respetar estas normas o porque han denunciado estos abusos», detalló.
El miedo impera
Según el informe, estos grupos operan “en impunidad total” y aprovechan el pánico y las condiciones propias de la pandemia para aumentar su control, aterrorizando incluso a autoridades locales.
«Sabemos que en Colombia la ausencia y la falta del Estado en tantas regiones del país permite el movimiento»
«La presencia y el actuar de estos grupos irregulares, pero nunca antes habíamos podido registrar un actuar tan abierto y evidente», advirtió Vivanco.
Los relatos recogidos por HRW están, además soportados en la alerta temprana que hace dos meses emitió la Defensoría del pueblo.
Según la cual los grupos armados ponían en riesgo a la población civil al decretar normas de conducta a partir de la regulación de las actividades comerciales y la libre circulación.
Manifiesta Vivanco, esa alerta «no fue debidamente recogida por las autoridades competentes».
Por lo que pidió al presidente colombiano, Iván Duque «intensificar urgentemente sus esfuerzos para proteger a estas comunidades»
«Garantizar que tengan acceso adecuado a alimentos y a agua, así como proteger su salud de los efectos de una pandemia que representa un peligro real y letal para todos».
Afianzar el control y protegerse
Los grupos armados aprovechan la pandemia para intimidar a las comunidades con tres objetivos:
- Reafirmar su control.
- Ganar algún tipo de reconocimiento.
- Proteger del coronavirus a sus miembros.
El virus es un pretexto para consolidar su control social sobre las regiones vulnerables y a su vez esperan que las comunidades los vean no solo como una mafia brutal.
Sino, también como grupos preocupados por la salud de toda la población.
Asimismo, hay un “genuino” temor ante un brote de coronavirus entre las organizaciones criminales porque saben que un contagio crítico exige un tratamiento médico que no existe en muchas zonas del país.
Narcotráfico más abandodo estatal
Aunque el narcotráfico sigue siendo el principal combustible de los grupos armados, la manos de estas bandas se extienden gracias a los recursos de otras fuentes ilícitas.
Como la minería criminal, situación que se agrava por la falta de “un Estado real” que a veces circunscribe su presencia “únicamente a la fuerza pública”.
«Luchar contra el narcotráfico supone e implica reducir los recursos de estos grupos»
«Pero ellos van a seguir manteniendo su presencia en la medida en que puedan ejercer un control social tan férreo como el que están ejerciendo», agregó.
Para Vivanco, los esfuerzos contra estos grupos no serán suficientes mientras el problema central de Colombia siga siendo la falta de amparo y protección del Estado a las comunidades.
Y el acceso a los servicios públicos en regiones devastadas por el conflicto.
El riesgo, explicó, además es alto para los desmovilizados de las FARC y su reincorporación social.
Dada la «debilidad que ha mostrado el Estado para llenar el vacío que ha quedado con la desmovilización».
Fuente La Vanguardia
