Este lunes se conoció el caso de una menor de 15 años de la etnia nukak makú que fue secuestrada y víctima de abuso sexual durante varios días.
Presuntamente, a manos de soldados adscritos al Batallón de Infantería n.º 19 general Joaquín París del Ejército, en Guaviare.
La denuncia la hizo el analista de conflicto Ariel Ávila, quien dijo que los hechos ocurrieron en septiembre del 2019.
Según la investigación que adelantó Ávila, junto con dos periodistas de El Poder, la menor desapareció el 8 de septiembre y solo fue hallada el 13 de ese mes.
Luego de que, presuntamente, militares la encerraron en el batallón y la violaron por varios días.
El mismo Ejército reconoció este lunes que tenía conocimiento de lo sucedido.
En un comunicado, el Comando de la Vigésima Segunda Brigada de Selva.
Unidad adscrita a la Cuarta División del Ejército, dijo que tan pronto se tuvo conocimiento de lo ocurrido se inició la indagación disciplinaria.
Este proceso disciplinario fue solicitado, por poder preferente, por la Procuraduría Regional del Guaviare a comienzos de este año.
Por otros medios, la investigación penal la adelanta la fiscalía 02 local de San José del Guaviare.
El Ejército agregó que repudia las agresiones a niños.
«En desarrollo de las investigaciones se adoptarán de forma inmediata las acciones a que haya lugar, con la mayor severidad y conforme a la ley«.
Frente a esta denuncia, el defensor del Pueblo, Carlos Negret.
Indicó que el día de ayer, en octubre del año pasado hicieron una visita a la zona.
Y en noviembre entregaron un informe al Ejército, el ICBF, la Policía y la Fiscalía.
Desde ese mes, la Defensoría representa legalmente a la menor víctima en el proceso judicial.
Negret, agregó que en enero de este año la Brigada 22 del Ejército les informó que habían abierto una investigación disciplinaria contra un sargento, un cabo y seis soldados.
Y concluyó haciendo un llamado a las Fuerzas Militares para que estos hechos no se repitan.
«Siento que hay un menosprecio a la humanidad indígena, esto no puede ocurrir y no se puede tratar como un hecho aislado»
«Le preguntamos al Ejército qué está pasando, algo está fallando», expresó.
La denuncia en Guaviare se suma al caso del 21 de junio en el corregimiento de Santa Cecilia de Pueblo Rico, Risaralda, en el que siete soldados violaron a una niña embera chamí.
Estos hechos han generado repudio en todos los rincones del país, y hasta se han escuchado voces que piden que se les aplique a los militares involucrados la cadena perpetua.
Que el Congreso aprobó hace poco para violadores y asesinos de niños.
No obstante, como esa pena no está reglamentada, no puede aplicarse aún.
Por ahora, en el caso de Risaralda, la Fiscalía ya judicializó a los uniformados, que están detenidos, aceptaron cargos y se enfrentan a condenas de hasta 30 años de cárcel.
