Pedro Sánchez tiene que negociar y hacerlo a marchas forzadas. Su intención de que el Congreso apruebe el estado de alarma en todo el territorio nacional por un plazo de seis meses tiene muy pocos adeptos.
Ni siquiera los aliados de investidura se muestran partidarios. Desde ERC, que considera el plan «peligroso democráticamente», hasta Bildu o Compromís, que lo tachan de «excesivo». Una tras otra, las fuerzas parlamentarias han trasladado al Ejecutivo sus recelos ante un plazo tan largo de excepcionalidad sin control por parte del Legislativo.
A este malestar se ha sumado, además, la noticia de que no será el presidente del Gobierno quien acuda el jueves a la Cámara para solicitar al Congreso autorización para prorrogar el estado de alarma. En su lugar lo hará el ministro de Sanidad, Salvador Illa. El PP ha sido el primer partido en expresar su disconformidad, máxime cuando lo que se pretende en esta comparecencia es restringir derechos fundamentales de la ciudadanía -movilidad y reunión- durante seis meses.
Los populares además se muestran en contra de que el estado de alarma se prolongue por tanto tiempo sin control, parlamentario. La propuesta alternativa del PP es la de plantear el estado de alarma sólo por ocho semanas, de manera que si el Gobierno considerara necesario alargarlo tendría que acudir al Congreso y recabar su autorización.
Ahora con los recelos de las fuerzas que avalaron la investidura de Sánchez, el núcleo de quienes rechazan entregarle un cheque en blanco hasta el 9 de mayo aumentan. No se trata de mostrarse disconformes con la necesidad de acudir al decreto de estado de alarma por un plazo largo, sino con el hecho de que dicho plazo se apruebe de una sola vez y no a través de sucesivas prórrogas aprobadas por el Congreso.
En definitiva, de salir adelante el plan original del Gobierno, la Cámara perdería su capacidad de control, su papel de contrapeso al Ejecutivo por un periodo de tiempo excesivamente largo. Se tergiversaría así el espíritu de la propia ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio, según la cual las prórrogas del estado de alarma, que siempre ha de ser «proporcional» y «limitado», deben ser decididas en su plazo y en sus condiciones por el Congreso de los Diputados.
ERC, por boca de su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, ha considerado «peligroso democráticamente sustraer el control parlamentario». «Seis meses vista nos parece peligroso», ha insistido. Esta ha sido la opinión que los republicanos catalanes han trasladado al Gobierno, con el que se han comprometido a seguir hablando.
Para ERC, en principio no es suficiente que el presidente o el ministro de Sanidad comparezcan de forma periódica para explicar la situación de la pandemia. Ellos mantienen que es necesario votar. En definitiva, que sea el Congreso el que vaya autorizando las sucesivas prolongaciones del estado de alarma.
Con información de El Mundo.
