Los migrantes que decidieron regresar a Venezuela por las fronteras no solo debieron soportar días de hambre, sed y largas caminatas. Al llegar al país afrontan un nuevo escollo: las críticas condiciones de los refugios donde tienen que guardar cuarentena.
“Estuve prácticamente 15 días presa”, dijo Jenny Gutiérrez a la Voz de América al referirse al albergue a donde la llevaron. Ella es parte de los 86.000 venezolanos que, según cifras de Migración Colombia, han retornado a Venezuela en medio de la pandemia. Por el confinamiento en Bogotá perdió su empleo. Pasó semanas a pie, y otras veces conductores le ofrecían llevarla unos kilómetros en sus camiones. Dormía en gasolineras y comía lo que algunos transeúntes o entidades colombianas le regalaban.
Al llegar al puente que comunica ambas naciones, las autoridades venezolanas la trasladaron a uno de esos centros de confinamiento donde son alojados por dos semanas para descartar que estén contagiados de coronavirus.
“Varios días nos tocó dormir en el piso y luego trajeron colchones. Habilitaron comida y agua potable porque a la escuela donde estábamos no llegaba el agua. Una travesía que no le deseo a nadie. Uno lo dice fácil, pero es difícil vivirlo”, relató.
En el refugio en la localidad de Ureña, limítrofe con Colombia, según Gutiérrez, algunos sujetos actuaban como delincuentes y aspiraban a controlar diversas áreas del recinto. “Hubo robos, una situación de unas muchachas que estaban como prostituyéndose por dinero. Eso era una locura. Era como vivir en una cárcel”, contó Gutiérrez.
José Alvarado, que emprendió el camino de regreso de Villavicencio, Colombia, a Guanare, en Venezuela, manifestó: “Ni medio vaso de agua caliente nos dieron. Dormíamos en un piso como unos perros. La alimentación era para locos. Apenas un agüita de sardina”.
En el último mes, Venezuela restringió a solo tres días por semana el paso de migrantes desde Colombia. Sin embargo, quienes no soportan esperar más tiempo a la deriva, entran por las denominadas trochas, caminos donde grupos irregulares y militares cobran por dejar ingresar al territorio venezolano burlando la ley y los protocolos sanitarios.
