El alto tribunal tomó la decisión el pasado 15 de mayo. Luego de que a los despachos de los magistrados llega un anónimo con pistas con presuntos perfilamientos ilegales dentro del Ejército. En contra de periodistas, políticos, abogados y defensores de derechos humanos.
La Corte abrió esta investigación luego de las denuncias publicadas sobre supuestos seguimientos ilegales y perfilamientos que se hacían por parte de inteligencia del Ejército.
La decisión del alto tribunal, que tiene como fecha el pasado 15 de mayo, se tomó con ponencia del magistrado Héctor Alarcón, presidente de la Sala de Instrucción.
Según la Corte Suprema de Justicia, los hechos investigados se remontan al 2019. Esta indagación se inició luego de que a la Corte llegó un correo. Este indicaba que la información recaudada por la inteligencia militar en procedimientos irregulares, presuntamente tenía como destinatario al senador Álvaro Uribe Vélez.
Ante los hechos, el abogado de Uribe, Jaime Granados, aseguró que la investigación preliminar es una actuación «rutinaria». Pues a la Sala de Instrucción, como a la Fiscalía, le corresponde «verificar toda denuncia que llega a su conocimiento». En esa investigación previa, aseguró, el objetivo es corroborar, entre otras cosas, «si al menos ha existido algún delito».
Granados también dijo que la investigación se dio por un correo «de carácter anónimo, que fue remitido hace varios meses a la Sala Especial de Instrucción», y señaló que rechaza «que se pretenda armar un escándalo mediático sobre un caso que, además de ser absolutamente inmeritorio, apenas obedece a un trámite normal de la justicia».
En enero, la Corte se reunió para estudiar el correo que había llegado. Consideró que ese caso debía ser repartido para poder ser investigado, pues podía llevar a un proceso judicial.
La indagación se ordenó para saber si en este caso hay delito.
