El Gobierno sacará adelante la declaración del estado de alarma por seis meses y lo hará sin que, en ese plazo, el Congreso tenga más intervención que la de mero oyente.
Los grupos parlamentarios, atenazados entre el todo y la nada, entre tener que aprobar o rechazar la aplicación de una medida de excepcionalidad que creen necesaria para frenar la pandemia, optan por sumarse al sí sin poner apenas condiciones a un Ejecutivo que descarga toda la responsabilidad de la restricción de derechos fundamentales sobre los hombros de las CCAA.
A lo más que han llegado buena parte de los grupos es a requerir al presidente del Gobierno para que sea él, y no el ministro de Sanidad, quien comparezca periódicamente en la Cámara para «dar cuenta» de la situación, pero sin que el Congreso tenga que pronunciarse en votación sobre la necesidad de prorrogar el estado de alarma.
Es decir, información sí, votación no. Esta exigencia saldrá adelante de acuerdo con la fórmula planteada por ERC y que será apoyada por el PSOE y según la cual, el presidente tendrá que acudir al Congreso cada dos meses. Esta solución tiene ya asegurados al menos 186 votos a favor.
El PNV también ha decidido su voto a favor sin más condiciones que la de exigir que los municipios que constituyen «enclaves» reciban el tratamiento propio de la provincia que les circunda aunque ésta no pertenezca a la Comunidad Autónoma de los mencionados territorios. En definitiva, que el Condado de Treviño quede afectado por las decisiones del Gobierno vasco a efectos de control de la pandemia.
Más País y Compromís también apoyarán al Gobierno. Ambas fuerzas han presentado una propuesta con vistas al debate que mañana se celebrará en el Congreso y en el que el Gobierno pedirá autorización a la Cámara para decretar el estado de alarma más largo de cuantos se han activado hasta la fecha en todo el territorio nacional.
Estas formaciones proponen que Pedro Sánchez rinda cuentas en el Parlamento «al menos una vez al mes, en un debate sin votación». Además, reclaman que Salvador Illa haga lo propio quincenalmente ante la Comisión de Sanidad del Congreso. En opinión de Íñigo Errejón y Joan Baldoví, esto es suficiente para garantizar la función de control del Congreso. En cualquier caso, Más País y Compromís están dispuestos a aceptar la fórmula de comparecencia bimensual que alienta ERC con el apoyo del PSOE.
Ciudadanos, por su parte, ha mantenido abierta una negociación con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, para intentar que el Gobierno rectifique reduciendo el plazo del estado de alarma y aceptando que sea el propio Sánchez quien comparezca ante el Congreso con una periodicidad que preferirían quincenal pero que podrían aceptar mensual. Mantienen la necesidad de «conjugar seguridad jurídica con rendición de cuentas».
Finalmente la propuesta que han presentado para el debate de mañana reclama un estado de alarma que no exceda de tres meses y durante el cual Sánchez debería comparecer cada mes en un debate «de características similares a cuando se produce una votación». También el ministro de Sanidad debería acudir a la Cámara cada 15 días.
Con información de El Mundo.
