Este viernes 19 de junio, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Sucre, José Gregorio Noriega.
Introdujo un recurso de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir la judicialización del partido Voluntad Popular (VP).
Los diputados José Gregorio Noriega (Sucre) y Lucila Pacheco (Zulia), piden celeridad sobre la solicitud que habían realizado previamente ante la alta instancia judicial.
Para que se restituyan sus derechos como miembros de Voluntad Popular.
De donde fueron expulsados e igualmente, se otorgue una dirección ad hoc a ese partido político.
El diputado Noriega es vicepresidente de la directiva de la Asamblea Nacional reconocida a finales de mayo por el TSJ.
Tanto él como Pacheco fueron suspendidos de militancia de la tolda naranja en diciembre del año pasado.
Los diputados aseguran que hicieron la solicitud a la convocatoria a proceso interno de renovación de autoridades y de acuerdo al partido.
Para que se investigara sus vínculos (en el caso de Noriega) con una supuesta trama de corrupción:
“Por aceptar sobornos del régimen de Nicolás Maduro a través de la Operación Alacrán”.
En enero, luego de la juramentación de la referida directiva conformada también por los diputados:
Luis Parra y Franklin Duarte, el diputado Noriega solicitó la anulación de su expulsión partidista ante el TSJ.
En enero, el parlamentario sucrense, aseguró desde el máximo tribunal del país que fue expulsado del partido de la tolda naranja de forma incorrecta.
Como consecuencia de la violación de sus “garantías constitucionales”.
Noriega señaló, que la expulsión de VP representó una violación de sus garantías constitucionales.
En particular la presunción de inocencia y el derecho a la legítima defensa.
El fiscal general, Tarek William Saab, solicitó a la Sala Constitucional determinar si el partido político VP es una:
“Organización terrorista y si es susceptible de sanciones por este motivo”.
De acuerdo con los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
El pasado 17 de junio la Sala Constitucional a través de la sentencia 0073 de se declaró “incompetente” para dictaminar un resultado tras el recurso de interpretación.
Y designó a la Sala de Casación Penal para que se encargue de determine si Voluntad Popular es una organización terrorista.
