El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes exige claridad en el manejo de la información, acciones y soluciones para evitar la propagación del coronavirus y suministro continuo y eficiente de los servicios públicos.
En este sentido, señala la importancia de mantener el suministro eficiente de los servicios básicos, aguan potable, electricidad y gas doméstico para el cumplimiento del confinamiento social y cuya deficiencia en el estado Mérida ha empeorado en los últimos años, siendo denunciado oficialmente en cuatro oportunidades ante la Defensoría del Pueblo de la entidad. Denuncias ratificadas en ocho oportunidades desde antes del inicio de la cuarentena.
Así mismo, el Observatorio rechaza las estricciones en la venta de la gasolina implementadas desde el 17 de marzo pues con ella se “discrimina el derecho humano a la libre movilidad”, Rechaza la Hegemonía comunicacional que prima sobre la información relacionada a la pandemia por Covid-19 y “la negativa del Ministerio de Salud del gobierno de facto” de enviar al laboratorio de Microbiología de la ULA el material necesario para el análisis de las pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa o PCR, aun cuando ésta institución cuenta con la autorización del mismo Ministerio, pues con ello se minimizaría el tiempo de respuesta de los diagnósticos para la región andina.
En Venezuela, el colapso de los servicios públicos es cada vez más preocupante. Los cortes eléctricos y la falta de agua por tubería mantienen a los ciudadanos en un estrés constante.
En el estado Mérida, sus habitantes tratan de sobrevivir en medio de los persistentes apagones, falta de agua y servicio de Internet, entre otros.
