A través de un comunicado el Colegio Nacional de Periodista expresaron que el cese de operaciones de la cableoperadora contribuye a vulnerar una vez más la libertad de expresión y al acceso a la información, consagrados en nuestra Constitución.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) pronunció un comunicado oficial este miércoles relacionado con el cese de operaciones de DirecTV en el país, el cual más del 40% de la población venezolano gozaban de esta suscripción.
Mediante un comunicado, el CNP señala que «la empresa que ofrecía sus servicios a 10 millones de suscriptores y para quienes la televisión por cable era la única vía de información que tenían».
Los miembros de este gremio advierten que «condena firmemente la suspensión de los servicios de DirecTV, principal proveedor de televisión por cable del país», destacando que representa «lo que constituye un fuerte golpe al derecho de los venezolanos a la libre circulación de ideas, de información y de contenidos de entretenimiento, en un momento en que la gente debe permanecer en sus casas a causa de la cuarentena».
En este orden, esta acción representa la vulnerabilidad de más de 630 empleados, que mantenían actividades con la empresa antes mencionada; sin olvidar a los dos mil 500 empleados indirectos.
«El CNP lamenta que la administración de Nicolás Maduro, que controla la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, no haya sido capaz de ceder o acordar con la empresa una medida sensata ante las exigencias externas que pesaban sobre esta; por el contrario, Conatel prefirió exigir que la empresa el cumplimiento íntegro del artículo 11 de la Ley de Resorte, antes que el mal mayor: que una buena parte de la población se quedara sin el servicio, que también era usado para acceder a la radio. En muchos casos, y en el corto plazo, para dos de cada cinco venezolanos les será imposible emigrar a las otras proveedoras de televisión por cable ni tampoco podrán volver a la de señal abierta, puesto que los equipos de pantalla plana no permiten el uso de antenas de bigotes ni sustitutos», señaló el organismo.
Como elemento destacable, el documento expone la inconformidad por parte de los usuarios ante las constantes fallas en diferentes servicios como la conexión a Internet y electricidad.
Es importante señalar que en el documento reza lo siguiente: «el Estado está obligado a respetar, proteger y garantizar el acceso de la población a la información, por lo que una actitud responsable de este era permitir que la gente siguiera viendo el resto de los canales de DirecTV».
De esta misma manera, denuncia que «Conatel anteponga intereses políticos a su condición de órgano técnico en la regulación y administración del espacio radioeléctrico en el país, tal como lo ha demostrado su actitud al acosar, perseguir y amenazar con cierres programas de opinión e información, estaciones de radio y televisión, tanto nacionales como internacionales».
Por último, exhortando que dichas medidas contribuyen a «vulnerar una vez más la libre expresión y al acceso a la información, consagrados en nuestra constitución y que forman parte de los Derechos Humanos, que son irrenunciables y fundamentales para el desarrollo de la población».
