México se encamina hacia un nuevo modelo eléctrico en el que las energías renovables son meros actores de reparto. La Secretaría de Energía endureció este viernes las condiciones de operación para plantas solares y eólicas en aras de la “confiabilidad” del sistema. La medida representa un punto de inflexión en los repetidos esfuerzos del Gobierno por favorecer la producción estatal y arrinconar la participación privada en el mercado, una intención que recientemente ha provocado roces diplomáticos con la Unión Europea y Canadá.
La sacudida amenaza con parar en seco el crecimiento de la inversión en energías limpias y con tensar aún más las relaciones entre las autoridades y el sector privado, que se prepara para una larga batalla legal.
La Secretaría de Energía ha defendido que “es responsabilidad del Estado, garantizar la confiabilidad” y advertido de que “TODAS las fuentes de energía de México deberán cumplir con el ordenamiento publicado”, según ha difundido este sábado en Twitter. Aunque no se limita a las renovables, el acuerdo enumera una serie de requisitos para la interconexión de nuevas centrales que sí pueden tener un impacto importante sobre su operación.
Entre los criterios, figuran el grado de congestión de la red eléctrica, las “condiciones climatológicas” de la zona o el “espaciamiento” de las plantas entre sí.
Para el experto Víctor Ramírez, de la Plataforma México, Clima y Energía, el acuerdo es en los hechos una “contrarreforma eléctrica” que introduce nuevos parámetros. “¿Quién va a decidir cuándo las plantas renovables están suficientemente espaciadas? Ese concepto no existe en la ley”, afirma.
En cualquier red eléctrica moderna en el mundo, se tiene zonas de concentración de potencia que se reparte a donde se tenga que repartir”. Ramírez sostiene que, en vez de frenar las renovables, se debería invertir en mejorar la infraestructura de transmisión.
Con el nuevo reglamento, el Gobierno también busca dar prioridad a la interconexión de “proyectos estratégicos” consistentes con la confiabilidad del sistema, el nuevo principio rector del modelo energético.Aunque el acuerdo no detalla qué puede considerarse “prioritario”, la brújula apunta a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa paraestatal a la que el Gobierno pretende reforzar.
El acuerdo será probablemente llevado ante los tribunales, como ya ha hecho el sector con otros cambios en al menos otras dos ocasiones en menos de un año. Fuentes de una empresa líder consultadas por este periódico consideran el acuerdo “un impresionante abuso de autoridad” y confirman que se optará por la vía legal.
Hace dos semanas, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el organismo encargado del funcionamiento de la red eléctrica, suspendió la entrada en operación de nuevas plantas eólicas y solares durante la contingencia sanitaria por el coronavirus. El sector advirtió entonces de que eso afectaría a 28 plantas solares y eólicas ya listas para arrancar con una capacidad de 3.270 MW, suficiente para cubrir las necesidades eléctricas de casi tres millones de hogares.
La Comisión Federal de Competencia Económica, un organismo autónomo encargado de vigilar la libre competencia, también alertó de un posible incremento en la tarifa de la luz como resultado. En promedio, las renovables producen cuatro veces más barato que la CFE, según estimaciones del sector. En 2017, la italiana Enel ofreció vender electricidad a la paraestatal a 17,7 dólares MWh, un récord mundial hasta esa fecha.
Esta agenda energética de tinte nacionalista empieza a provocar roces diplomáticos. Tras la suspensión decretada hace dos semanas, las representaciones de la Unión Europea (UE) y Canadá expresaron su “profunda preocupación”.
La carta de la delegación de la UE en México, firmada por varios embajadores de países miembros, entre ellos España, señala que los cambios “amenazan con desincentivar la inversión privada” y reclama una reunión con la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que “desafortunadamente hasta la fecha no se ha materializado”
México nada contra sus propias metas de reducción de emisiones contaminantes. La Ley de transición energética marcó el objetivo de lograr el 35% de energías limpias para 2024. En septiembre pasado y en paralelo a los esfuerzos por restringir la participación privada en el mercado eléctrico y fortalecer la industria petrolera, el Gobierno se comprometió de forma voluntaria a presentar metas de reducción aún más ambiciosas que las establecidas en el Acuerdo de París.
Esta aparente bipolaridad es un reflejo de la división del Gabinete, donde conviven la visión pro estatista de Rocío Nahle y el titular de la CFE, Manuel Bartlett, y la postura más moderada del canciller Marcelo Ebrard y del jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.
