Lejos de aprovechar la investigación judicial contra el estado mayor de Carles Puigdemont para retratar ante la opinión pública catalana las dudosas prácticas políticas de ERC, el PSC se ha decantado por blanquear a los republicanos, con una tibia fiscalización de sus tratos con Xavier Vendrell y con la aceptación de las excusas esgrimidas por la formación que preside Oriol Junqueras para desvincularse del «tráfico de influencias» que advierte el juez.
«Me puedo dar por satisfecho con sus explicaciones y lo único desear que la realidad no las desmienta». Con esta complaciente reacción ha zanjado Miquel Iceta su interpelación al presidente en funciones y candidato de ERC a la Generalitat, Pere Aragonès, durante la primera sesión de control que ha tenido lugar en el Parlament desde que estallase la operación Volhov.
El líder de los socialistas catalanes había reclamado información al republicano sobre la implicación de los Departamentos de Salud y Asuntos Sociales de la Generalitat en la trama presuntamente urdida por Vendrell y David Madí para obtener contratos relacionados con la gestión del Covid de la Administración catalana. Y no ha puesto objeción el primer secretario del PSC a la respuesta de Aragonès, a pesar de que se ha limitado a negar cualquier vinculación con los investigados y ha llegado a tildar las pesquisas de «operación fraudulenta de la Guardia civil» y de «intento de construir un relato con escuchas».
«Quiero agradecerle la información que da a la Cámara. No se trata de sustituir un procedimiento judicial, ni una investigación policial, si no dar la máxima garantía de transparencia y ver si su Gobierno está absolutamente comprometido. Las actuaciones judiciales y las informaciones generan una inquietud que hay que desvanecer de inmediato.
Esta pregunta tenía el sentido de obtener una respuesta del tipo que usted nos decía: ‘Hemos pedido información, no es cierto que haya producido ningún desvío de fondos’». En estos términos ha agradecido Iceta a Aragonès una respuesta llena de evasivas y referencias al argumentario tradicionalmente empleado por el independentismo para tapar sus casos de corrupción.
La colaboración entre el PSC y ERC se pone de manifiesto mientras el sumario de Volhov evidencia que el estado mayor pretendía influir en los ministros socialistas Salvador Illa y José Luis Ábalos para negocios también relacionados con la pandemia.
Tampoco son ajenos los socialistas catalanes a las derivadas políticas que podría provocar una fiscalización demasiado estricta hacia ERC, en un momento en el que los republicanos se encuentran negociando los Presupuestos Generales del Estado. El gesto del PSC llega después de que el Gobierno ultime un pacto con la formación de Junqueras para que el castellano deje de ser lengua vehicular en las escuelas de Cataluña, lo que allana el apoyo de la formación independentista a las cuentas.
Lea también: La Xunta cierra toda la actividad no esencial para el 60% de la población gallega
Con información de El Mundo.
