El gobernador del Chocó, Ariel Palacios, alcanzó a estar 115 días en su cargo y es el primero de los gobernadores elegidos el año pasado que es separado temporalmente de su puesto, señalado de graves irregularidades en el manejo de los recursos para enfrentar la emergencia del coronavirus.
La Procuraduría ya había suspendido al alcalde de Calarcá, Quindió, Luis Alberto Balsero, por un millonario contrato suscrito en plena emergencia.
Ahora, el gobernador Palacios fue suspendido, también por el ente de control, durante tres meses, y esa decisión es apenas la punta del iceberg de un expediente penal, fiscal y disciplinario que terminaría por enredar a varios mandatarios y a funcionarios de entidades públicas en todos los niveles.
El gobernador del Chocó participó en la firma de un contrato por 2.000 millones de pesos que, con la justificación del coronavirus, serían usados para la realización de ciclos educativos y campañas de difusión, cuando el departamento necesitaba recursos para la atención de pacientes y elementos de protección para los médicos.
El Ministerio Público consideró que él podría incurrir en la firma de nuevos contratos, por lo que notificó al presidente Iván Duque de su suspensión. En la investigación se lee que la fundación contratada no cumplía los requisitos para la adjudicación, que “no era para una actividad urgente ni relacionada con la emergencia”.
Y aunque Palacios es el primer gobernador que enfrenta una sanción, ya hay una larga fila de mandatarios que serán citados a dar explicaciones y sobre los que hay investigaciones abiertas. En la dirección delegada ante la Corte de la Fiscalía hay procesos en los que aparecen los gobernadores de Vichada, Arauca, Magdalena y San Andrés, y están a punto de abrirse investigaciones penales contra otros tres mandatarios departamentales.
Al tiempo, contra gobernadores en la Procuraduría hay 24 procesos disciplinarios en 14 gobernaciones, más de 70 casos en 56 municipios y 24 expedientes en entidades del orden nacional por irregularidades en la contratación y sobrecostos vinculados a la emergencia.
En las investigaciones de las tres entidades figuran nombres comunes como el del gobernador de Arauca, Facundo Castillo, y cinco de sus funcionarios, quienes son investigado por dos contratos: uno para realizar actividades artísticas y eventos en medio de la pandemia, por 570 millones de pesos, y el otro por los sobrecostos en los mercados en los que se encontraron, entre otras, latas de atún a 20.000 pesos.
No vamos a permitir que un solo peso de los ciudadanos se pierda
El fiscal general, Francisco Barbosa, señaló que se han realizado 16 reuniones en las que se ha intercambiado información entre las tres entidades, y hasta ahora se han encontrado alertas en 56 contratos por caso de 136.000 millones de pesos que están en el radar de las autoridades. “Esto no ha terminado, esto está empezando, no vamos a permitir que un solo peso de los ciudadanos se pierda”, dijo el fiscal.
En el expediente aparece la alcaldía de Socorro, Santander, con dos contratos por 325 millones de pesos que tendrían sobrecostos. El primero se entregó a un proveedor que creó la empresa 30 días antes y el segundo, a su esposa. Igualmente la alcaldía de Armenia aparece con un contrato por 300 millones de pesos para servicio de restaurante en donde “hubo violación de los principios de transparencia”.
“Hay una avalancha de actos de corrupción”, dijo el procurador Fernando Carrillo.
Uno de los casos más complejos es el de la gobernación del Cesar, donde se indagan 40 contratos entregados a fundaciones con objetos sociales distintos a los requeridos para la adjudicación y que comprometen más de 14.000 millones de pesos. En el expediente aparecen dos diputados que estarían haciendo política con las ayudas. La Contraloría examina a su turno 17.486 contratos a nivel nacional relacionados con la emergencia, se tienen 50 casos en análisis, de los cuales se han iniciado 21 actuaciones especiales en la Unidad de Reacción Inmediata de la Diari.
El contralor Carlos Felipe Córdoba indicó que en manos de sus investigadores hay cuatro contratos de la gobernación del Valle del Cauca con presuntos sobrecostos. Uno de ellos por 2.330 millones de pesos para kits de víveres para adultos mayores tendría sobrecostos del 31 por ciento.Investigación a Minagricultura
La Fiscalía abrió una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos en Finagro.
En el expediente, asignado a la delegada ante la Corte Suprema, aparece el ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea Navarro; un directivo de Finagro y un funcionario del Departamento Nacional de Planeación.
La investigación se inició con información entregada por la Contraloría General, que cuestionó que “grandes agroindustriales y comercializadores” concentrados en Bogotá recibieron créditos reservados a favorecer a personas afectadas por la emergencia.
Tras la advertencia, firmas decidieron revertir préstamos por valor de 33.000 millones de pesos.
